lunes, 2 de febrero de 2015

POLÍTICA SOBRE DISCAPACIDAD A DEBATE EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE EUROPA


La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Quintanilla fue la ponente el pasado viernes del 'Informe sobre Igualdad e Inserción de Personas con Discapacidad' en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
EL CONSEJO DE EUROPA APRUEBA POR UNANIMIDAD UN INFORME SOBRE IGUALDAD E INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 
Durante su intervención, Quintanilla destacó que “las personas con discapacidad deben ser una prioridad para todos los Estados y para toda la sociedad” y recordó que en los 47 países miembros del Consejo de Europa viven alrededor de 80 millones de personas con discapacidad, que representan a más del 10 por ciento de la población.

En este sentido, afirmó que estas personas “siguen enfrentándose a la discriminación y a las barreras de todo tipo que les impiden llevar una vida normal y en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de los ciudadanos”.

En el proyecto presentado por Quintanilla se insta a los Estados miembros a fomentar medidas dirigidas a promover el empleo entre las personas con discapacidad, puesto que la tasa de empleo en este sector se sitúa en el 44%, frente al 75% de las personas sin discapacidad.

También pide a los países la puesta en marcha de medidas destinadas a promover otros sistemas más innovadores y ajustados a la Convención de Naciones Unidas para que la pérdida de la capacidad jurídica sea el último recurso, así como medidas para prevenir la violencia contra los niños, menores y mujeres con discapacidad, “que tienen entre cuatro y diez veces más de probabilidad de ser víctimas de violencia que las personas sin discapacidad”.



ELIMINACIÓN DE BARRERAS

Quintanilla recordó que “la realidad es que las personas con discapacidad siguen siendo invisibles para el resto de la sociedad y no son una prioridad para muchos gobiernos y, por tanto, aun teniendo reconocidos sus derechos, no pueden ejercerlos porque siguen siendo víctimas de numerosas formas de discriminación”.
En este sentido, añadió que “la eliminación de las barreras de todo tipo, el acceso al empleo, la capacidad jurídica y la lucha contra la violencia ejercida contra las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños y jóvenes discapacitados, deben ser por tanto una prioridad”.

Este informe sobre la igualdad e inserción de personas con discapacidad gira en torno a tres puntos: la tasa de desempleo, la capacidad jurídica y la vulnerabilidad de los menores y mujeres con discapacidad. En cuanto a la tasa de desempleo, el estudio señala que, según la OCDE el empleo en personas con discapacidad en los países miembros del Consejo de Europa en 2012 si situó en torno al 44 por ciento, frente al 75 por ciento para las personas con discapacidad.
Según el estudio, las principales causas de la falta de acceso de las personas con discapacidad en el mercado laboral son "la ausencia de medidas positivas para el empleo de las personas con discapacidad, la persistencia de los estereotipos sobre la capacidad de las personas con discapacidad a trabajar, o la falta de servicios de apoyo o de transporte adecuado para el lugar de trabajo".
Sobre la capacidad jurídica, el informe señala que es un tema fundamental porque "determina en gran medida el goce y ejercicio de los derechos". En este sentido, recuerda que, sin capacidad legal, el ejercicio de los derechos fundamentales recogidos Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad son "una cáscara vacía".

Por último, Quintanilla, ponente del informe ante la Asamblea del Consejo de Europa, asegura que "las medidas de austeridad y los recortes presupuestarios no pueden afectar a las políticas de discapacidad. Las políticas sociales para las personas con discapacidad deben ser una prioridad en el trabajo de los gobiernos".

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