La inserción laboral sigue siendo el mejor mecanismo de lucha contra la exclusión social pero no es el antídoto. El empleo con un salario legal pero no suficiente no excluye de la pobreza.
España tiene cuatro millones y
medio de trabajadores sin trabajo. Sin embargo, hay puestos que no pueden
cubrirse por falta de candidatos. Motivos como los bajos salarios que no
compensan el gasto en transporte desincentivan a los posibles seleccionados.
Tenemos un mosaico de programas
públicos para compensar las rentas insuficientes de las familias de los parados.
Sin embargo, sobre la práctica, estos subsidios desincentivan el empleo. 375
euros es el importe de una Renta Mínima de Inserción. El proceso para
solicitarla puede ser superior a seis meses pero su duración no tiene límites excepto que se produzca un cambio en la situación del beneficiario como un empleo
o la llegada de la edad de jubilación. Al mismo tiempo cada vez más empleos,
cualificados o no, están siendo remunerados con el salario mínimo
interprofesional, 654 euros. Sorprendentemente lo menos atractivo de los nuevos empleos no es lo poco que se cobra,
si no la temporalidad. Es práctica habitual firmar un contrato por sólo una o
dos jornada.
Estas incongruencias de nuestro
sistema fueron puestas sobre la mesa en el debate Promoción del empleo y protección social de las personas en situación
de exclusión social, organizado por la Asociación Española de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social el pasado viernes. Las ponencias de los
profesores Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología, Eva Garrido,
catedrática de Derecho del Trabajo y Raquel Aguilera, profesora titular de
Derecho del Trabajo, aportaron la evidencia de que no existe la sinergia entre
los programas de renta y el empleo. Ante un salario escaso y temporal y un
subsidio seguro, la elección parece de sentido común. Las rentas sociales fueron
creadas como un soporte para formarse y buscar empleo pero se han convertido en la única alternativa para muchas personas
que no encuentra práctico dejar un ingreso seguro ante la incertidumbre y el
esfuerzo de empezar un empleo.
El profesor Rodríguez Cabrero
reconocía que “la inserción laboral sigue siendo el mejor mecanismo de lucha
contra la exclusión social pero no es el antídoto porque el empleo con un
salario legal pero no suficiente no excluye de la pobreza.”
Durante el debate se reveló como
una de las raíces del problema el diseño
de los programas de renta definidos con medidas colectivas. Tienen formatos
predefinidos, muy parecidos entre ellos, a los que los usuarios se tienen que
adaptar. Además, no están previstos mecanismos de seguimiento e inspección,
vigilancia y control. Tampoco está claro qué agentes sociales tienen la
responsabilidad de que se lleven a cabo.
Los técnicos responsables de los
programas para colectivos vulnerables son testigos de la toma de decisión entre
la ayuda económica o el empleo. Como ventaja del empleo sobre la ayuda solo se
pueden ofrecer algo difuso: el empleo PRESERVA EL CRECIMIENTO FUTURO. El
argumento es un disco rayado: “La renta
es un soporte para formarte y buscar empleo” La realidad es que las ayudas
sociales son una forma de vida.
Otro punto que se debatió fue el papel de las empresas. ¿De quién es la responsabilidad
social de crear empleo? ¿Cómo se garantiza la implantación humana de las normas
laborales? Como comentó la profesora Garrido, el concepto de responsabilidad
social corporativa es muy difuso: “Las empresas no quieren empleados con
dificultades. No tienen un deber jurídico que les exija implicarse. Su
participación podría derivarse de una obligación moral. El trabajo pendiente es
implicar a todos los agentes sociales, no solo a los empresarios, también a los
sindicatos y a los representantes”.
Las medidas tomadas para incentivar a las empresas no están siendo tan
exitosas como podría pensarse. La solicitud de contratos bonificados por la seguridad social está por debajo de
las previsiones. Por otro lado, estas bonificaciones, pensadas para personas
con discapacidad y colectivos de difícil inclusión laboral, han atraído a empresas
que descuidan la calidad de trabajo de sus empleados con lo que prolongan las
condiciones de vida penosas en condiciones de trabajo más duras e injustas de
lo habitual. Tampoco las mejoras del tratamiento
fiscal aplicadas hasta ahora han tenido éxito. En esto influye también el
retraso de en la recepción de las subvenciones y la dificultad de los trámites.
La creación de la modalidad de contrato
temporal de fomento de empleo, que es el único contrato temporal
bonificado, tampoco ha tenido resultados.
Con intención de aportar
soluciones se esbozaron vías para CREAR
UN MERCADO DE TRABAJO INCLUSIVO que tenga en cuenta a los actores, políticas de
apoyo y principios de inclusión social. Con una renta activa que complemente el
ingreso salarial y generar el derecho de acompañamiento social y profesional
personalizado.
-
Directrices o acuerdos con compromiso de
contratación. Serían instrumentos jurídicos que se tendrían que cumplir. Por
ejemplo: que en los convenios colectivos se incluyeran compromisos de los
representantes de los trabajadores.
-
Convenios de colaboración.
-
Inclusión de cláusulas sociales en los contratos
de la Administración Pública.
